URBAN NO PARÓ EL MESÓN PESE A QUE SE LE ADVIRTIÓ DE DOS PROYECTOS IDENTICOS IDEAL ALMERIA

• Solo un mes después de la adjudicación definitiva, Guzmán ya observó una presunta práctica colusoria sin que se frenaran las obras

La Mesa de Contratación de Almería Urban fue informada, el día 2 de abril de 2013, de la existencia de dos proyectos iguales, los presentados por las constructoras Facto y Salcoa, para la rehabilitación y obras en el entorno del Mesón Gitano. Sin embargo, el órgano de contratación no adoptó «ninguna medida» pese a tener «conocimiento de la igualdad de proyectos técnicos redactados». De hecho, no fue hasta un mes después, incluso tras la aprobación definitiva de la propuesta de adjudicación por parte del Consejo de Administración de Almería Urban, cuando el consejero delegado de la empresa y concejal de Obras Públicas, Manuel Guzmán (PP) toma alguna medida al respecto.
Dicha medida fue la remisión de un escrito a la Agencia Andaluza de la Competencia para que informara sobre un «indicio de práctica colusoria» en dicho concurso. No tomó así ninguna medida cautelar respecto de la adjudicación. Esto supone, para la Policía Judicial, un hecho «contradictorio» ya que «éstas circunstancias de indicio de práctica colusoria» no resultaron «obstáculo para que el propio consejero, presidente de la mesa de contratación durante el proceso de licitación, las aceptara y propusiera a ambas empresas como las mejores valoradas en la parte técnica».
La contradicción la destaca la Policía Judicial en un informe de conclusiones incluido en el sumario del caso del Mesón Gitano, que investiga el Juzgado de Instrucción número 3 de Almería. En el marco de dicha investigación se ha citado a declarar en calidad de imputados a ocho personas, tres de ellas funcionarios del Ayuntamiento de Almería y las otras cinco con relaciones laborales o mercantiles -en principio- con las empresas constructoras que acudieron a la licitación. Esas declaraciones en sede judicial están teniendo lugar desde el pasado 12 de mayo y perdurarán hasta el día 10 de junio.
La investigación se abrió tras la denuncia por parte de la Fiscalía por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias en la adjudicación de dichas obras tras sendos escritos presentados por el Colegio Oficial de Arquitectos de Almería y la formación política UPyD.